Las voces de protesta por la distribución de los fondos a los municipios y comunas sólo son de Juntos por el Cambio (JxC); más específicamente, del radicalismo. No sólo vienen reclamando mediáticamente, sino que también acudieron a la Justicia provincial y nacional y ahora buscan que vea la luz un proyecto para una nueva Ley de Coparticipación.

Sin embargo, dentro del oficialismo provincial hay dirigentes que están más que de acuerdo con la iniciativa de la oposición. Incluso, hay parlamentarios que hasta hace poco estuvieron al frente de un Ejecutivo municipal que cuentan con un trabajo que compara la situación de la legislación de Tucumán con respecto a otras provincias. Pero -al menos por ahora- no se atreven a desafiar a la Casa de Gobierno porque su delfín conduce ahora el Municipio.

En un borrador que circula en este grupo de oficialistas hay un desglose sobre cómo se conforma la masa coparticipable de la Provincia y de qué modos se distribuyen los fondos para los municipios y comunas. Se consigna, por ejemplo, que sólo el 16,5% de lo que llega de la Nación se reparte entre municipios y comunas. A su vez, de ese total, el 46% va para San Miguel de Tucumán y lo demás se reparten entre 18 municipios y 93 comunas.

En el trabajo se indica también que de lo que recauda Tucumán, sólo se coparticipan los impuestos Automotor (85%) e Inmobiliario (12%). También que del total de fondos para municipios y comunas, previo a deducir lo que corresponde para la Capital, se retiene un 5% para constituir un fondo para atender desequilibrios financieros.

Según se plasmó, no queda claro el criterio de distribución de esos recursos sino que se establecen “de manera arbitraria”, sin contemplar criterios como crecimiento poblacional, ampliación de competencias, etc. Se remarcó también que Tucumán es la única provincia que no coparticipa lo que recauda por Ingresos Brutos (el 85% de los ingresos provinciales).

Comparativa

En el texto, hay también un contraste con lo que sucede en provincias como Buenos Aires y Córdoba. Se indicó, por ejemplo, que la provincia más importante del país distribuye a sus municipios el 16,4% de lo recaudado en concepto Ingresos Brutos; Impuesto Inmobiliario Urbano; Impuesto Automotor; Impuesto de Sellos; tasas retributivas de servicios y coparticipación federal de impuestos.

Se señaló que el 58% esa masa se distribuye entre los 135 municipios, de acuerdo a: proporción por población (62%); proporcional inversa a la capacidad tributaria por habitante (23%); proporción directa a la superficie (15%); si poseen establecimientos oficiales para salud, con o sin internación (37%); y distritos con servicios transferidos por la provincia (5%).

La masa coparticipable cordobesa, en tanto, se integra por Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Coparticipación Federal. El 20% del total va para municipios (80,5%) y comunas (3%) y un 1,5% para situaciones de emergencias y desequilibrios.

Un 12% se destina para financiar la descentralización del Estado. Aquel 80,5% se reparte un 21% en partes iguales para todos los municipios y el 79% de modo proporcional al número de habitantes, según el último censo disponible.

“Ellos no pueden levantar cabeza”, señaló un dirigente de JxC respecto a la situación en la que se encuentran algunos ex intendentes del oficialismo. De todos modos, aseguró que recibieron comentarios de respaldo ante la idea de avanzar con una nueva Ley de Coparticipación (data de los 90).

Por los municipios

Legisladores del PJ con delfines en los municipios, en tanto, dijeron que desconocen hasta ahora cuál será el nuevo instrumento que emita la Provincia tras el fin del “Pacto Fiscal”, pero remarcó que se debe garantizar la paz social. “Todos queremos garantizar las herramientas que permitan la gobernabilidad, pero tienen que estar incorporados los municipios y las comunas. Nadie va a votar en detrimento de su municipalidad”, comentó un cacique territorial por el oeste en clara alusión a la pulseada que se viene en la Legislatura: el Presupuesto 2024.